En mucho debido al conflicto existente entre el Congreso del Estado y un grupo de consejeros electorales del Instituto Estatal Electoral, entre ellos el presidente del Consejo General de ese Instituto, Salvador Hernández Gallegos, anoche la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional metió en un brete a todos los políticos de Aguascalientes que aspiran a una candidatura para los diversos cargos de elección popular que estarán en juego el próximo año; no sólo a sus correligionarios, sino a los de todos los partidos políticos, al especular que “de acuerdo con la jurisprudencia existente”, a las 12 de la noche vencía el plazo para que sometieran solicitud de licencia o presentaran renuncia, según el caso.

Sin embargo, expertos en la materia consultados por El Heraldo dijeron que contra lo argumentado por los panistas, basados en el Código Electoral, prevalece lo que establece la Constitución, y por lo tanto, interpretan que la convocatoria del PAN a su gente tiene no sólo la intención de meter ruido a otros partidos, sino sobre todo, obligar a que se definan quienes actualmente ocupan cargos en el gobierno del estado.
Si la advertencia del PAN sobre el término fatal –las 12 de la noche del martes 1 de septiembre- fuese real, determinante, tendrían que haber solicitado licencia para dejar los cargos personajes como Gabriel Arellano Espinosa, el presidente municipal; el senador Carlos Lozano de la Torre; el diputado federal Raúl Cuadra; presidentes municipales como los de Tepezalá y de Calvillo, que quieren ser diputados locales en la próxima legislatura; y los regidores del Ayuntamiento de Aguascalientes que también tienen esa pretensión. Sin embargo, queda claro que la Constitución marca que la fecha para que los aspirantes a un puesto de elección, renuncien o soliciten licencia 90 días antes del día de la elección, por lo que en realidad nadie quedaría inhabilitado por no haberlo hecho ayer.

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